XII Congreso de Inmigración: Luces y sombras de la Nueva Ley de Extranjería

21 de mayo de 2010 -

XII Congreso de Inmigración: Luces y sombras de la Nueva Ley de Extranjería

La Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica, Aculco, reunió el pasado jueves en su XII Congreso de Inmigración a las Administraciones públicas, sindicatos, ONGs, partidos políticos y asociaciones de inmigrantes para debatir sobre la reforma de la Ley de Extranjería, a la que se calificó como “otra oportunidad perdida”.



XII Congreso de Inmigración: Luces y sombras de la Nueva Ley de Extranjería

La Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica, Aculco, reunió el pasado jueves en su XII Congreso de Inmigración a las Administraciones públicas, sindicatos, ONGs, partidos políticos y asociaciones de inmigrantes para debatir sobre la reforma de la Ley de Extranjería, a la que se calificó como “otra oportunidad perdida”.

El pasado jueves 20 de mayo, Aculco reunió a las Administraciones públicas más importantes; así como ONGs, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de inmigrantes para debatir sobre la reforma de la Ley de Extranjería, durante el XII Congreso de Inmigración, celebrado en CaixaForum de Madrid, ante más de un centenar de personas que acudieron al evento con el ánimo de vislumbrar cúales serán los principales cambios que incluirá el futuro reglamento.

Bajo el epígrafe “Los Inmigrantes frente a la nueva Ley de Extranjería: una visión crítica” se repasaron las luces y las sombras de los cambios en materia de Extranjería. Además de analizar la influencia de la reforma en la inserción social y laboral de los inmigrantes, se revisaron las principales carencias en materia de derechos humanos.

Durante la inauguración, en la que intervino tanto el Director General de Inmigración de la Secretaria de Estado, Markus González, como responsables de Inmigración de la Comunidad de Madrid- el Vicecosejero Gabriel Rojas y la Directora de Inmigración del Ayuntamiento, Laura López de Ceraín- y de la Comunidad Valenciana- el Viceconsejero de Inmigración de la Comunidad Valenciana, Josep María Felip- se criticaron la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas y entes locales que, según consideran los segundos, es “contradictoria”.

Como principales puntos controvertidos de la Ley quedaron de manifiesto la prohibición explícita de los derechos laborales de los trabajadores irregulares, el intento de legislar la integración como condición para la regularización y en carácter exclusivo para los inmigrantes, la exigencia de residencia legal de al menos 5 años para acceder a las ayudas a la vivienda, la restricción de acceso al asilo o las limitaciones a la reagrupación de familiares ascendientes, y en general. Resalta también la ausencia de medidas antixenófobas que envuelvan esta reforma y que respondan al incremento de estos movimientos en España y Europa. Señalaba Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, que “las ONGs e instituciones del Estado no pueden hacerse cómplices de estos problemas minimizando el discurso y las situaciones”.

Pero no todas las valoraciones fueron negativas. Se reconoció el avance que supone alguna de las reformas, como el reconocimiento al derecho de sindicalización, asociación y huelga para los trabajadores irregulares, la posibilidad de los reagrupados de entrar al país con permiso de trabajo, la obligación del empresario de otorgar un contrato laboral en lugar de una carta de empleo si ha traído un trabajador de otro país, la homologación de los derechos de los trabajadores transfronterizos, el reconocimiento de la necesidad de protección a las víctimas de trata de blancas, el acceso a la asesoría jurídica gratuita en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles y el reconocimiento de “domicilio habitual” en lugar de residencia para acceder al padrón municipal, entre otras.

Otros aspectos levantaron gran polémica en las mesas de debate. Aunque las protecciones se han ampliado para el colectivo de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, con la posibilidad de acceder a la tarjeta de residencia si se demuestran los malos tratos, las víctimas siguen exponiéndose a las órdenes de expulsión. Por otro lado, cuestiones como la protección a menores no acompañados no están en absoluto resueltas en la ley ni previstas en la reforma. “Las Administraciones se esfuerzan mucho en detectar si un inmigrante es menor o no, pero a nadie le importa que haya jóvenes sin papeles tirados por la calle, y eso lo refleja la ley”, expreso Antonio Díaz de Freijoo, Director de Karibu. Además, se reiteró la polémica ampliación a 60 días del plazo de reclusión de irregulares en los Centros de Internamiento, en cuyo caso la voz fue unánime por parte de los colectivos de inmigrantes pidiendo la clausura de los centros y un nuevo ordenamiento, apelando al estatuto jurídico del extranjero, que en ningún caso debe ser privado de su derecho a la libertad.

Mucho se habló también de la inconveniencia de apresurar la reforma en este momento de crisis. “Es perjudicial para el debate de lo que fue, es y será el modelo migratorio” resume José Antonio Moreno, de la Secretaría de Empleo y Migraciones de CCOO.

La fuerza política reconoció la necesidad de consenso para encarar esta reforma, aunque transmitió también al foro la incapacidad para lograrlo. Se debatió, aplaudió y criticó la Ley y las reformas según intervinieran representantes de los grupos políticos de apoyo o detractores. Aunque algunos puntos de vista fueron acertados y comprendían las necesidades de los colectivos afectados, las discrepancias parecen impedir cualquier consenso al respecto. “Afortunadamente los grupos parlamentarios no pueden participar en la redacción de la Ley”, declaró con la complacencia del público Ana María Corral, Responsable del Departamento de Migraciones de la UGT.

Una última y no menos importante reclamación surgió referida al derecho al acceso y la participación de los inmigrantes en la ciudadanía. “Para que la sociedad avance, tiene que contar con todos los que en ella conviven”, señala Ernesto Carrión, de Per Catalunya Verds, haciendo un llamado a los inmigrantes para defender su derecho a exigir el voto y a ser votados por los ciudadanos.

El cierre del Congreso a manos de Álvaro Zuleta, Director de Aculco, resumía con acierto las reivindicaciones: “Debemos decirle a los partidos y a la sociedad que somos capaces de gestionar nuestra propia diversidad”. Este es el fin que organizaciones como Aculco quieren promover, apoyar la inserción social, laboral y cultural de los colectivos inmigrantes, en el marco de la democracia participativa, la solidaridad, el desarrollo sostenible y la lucha por la justicia social.





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