Polémica por la arbitrariedad en el reparto de licencias en Cataluña y Madrid

22 de diciembre de 2008 -

Javier García García para Diagonal. Red Estatal de Medios Comunitarios, Madrid Aún caliente la polémica por la concesión de emisoras de radio en Catalunya, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la adjudicación de TDT de la Comunidad.

La adjudicación en noviembre de 83 emisoras de radio por parte del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha estado rodeada de una fuerte polémica, que ha contado con gran repercusión mediática. Las empresas que no consiguieron emisoras como Unedisa (El Mundo) y la COPE, se refirieron al reparto como “veto nacionalista”, “cierre de emisoras”, “ataque a la libertad de expresión”.

Mientras, el partido Ciutadans realizaba una manifestación “contra la censura política” frente a la sede del CAC, lugar que también fue objeto de ataques con piedras e incluso de espionaje por medio de micrófonos ocultos. Era la primera vez que un consejo audiovisual, y no el Gobierno de turno, adjudicaba licencias para radios.

Desde su llegada al Gobierno, el PSOE tiene en su agenda la creación de un consejo audiovisual. Incluso cuenta con un anteproyecto de Ley preparado desde 2005, pero su aprobación, junto con la de la Ley General Audiovisual, se ha ido retrasando.

Ahora, la llegada del apagón analógico en 2010 y la aprobación de la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales obliga a abordar durante 2009 la reforma audiovisual que no fue realizada por el Gobierno durante la anterior legislatura. Esto implica la aprobación de una Ley General Audiovisual y una Ley que regule el funcionamiento de los consejos audiovisuales. La directiva europea obliga a los estados de la UE a contar con una autoridad audiovisual que vele por los contenidos televisivos, pero no establece mucho más respecto a sus competencias. Mientras, las recomendaciones del Consejo de Europa y el modelo adoptado por diversos países europeos, se refieren a consejos con competencias como las que tiene el CAC. Así, el debate parlamentario y mediático durante la tramitación en 2009 de la Ley del Consejo Audiovisual, se centrará en sus competencias y si éstas deben recoger, además de la supervisión de contenidos, la adjudicación de frecuencias, su renovación o la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la normativa audiovisual. Los grandes grupos de comunicación, con su particular visión de la “libertad de expresión y de empresa”, se muestran especialmente preocupados por la implantación de estos consejos independientes y presionan para que sean lo más “descafeinados” posible, quedando las adjudicaciones en manos del Gobierno de turno. El CAC está siendo la cabeza de turco donde las empresas de comunicación están lanzando sus dardos con el objetivo de desacreditar este tipo de organismos. Mientras, tribunales de todo el Estado tramitan cientos de recursos por las adjudicaciones de radio y TDT realizados por los gobiernos autonómicos en los últimos diez años. Una muestra es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula el polémico reparto realizado por la Comunidad en agosto de 2005 (DIAGONAL nº23 y nº47). No es la primera sentencia que cuestiona cómo realiza las adjudicaciones la Comunidad de Madrid, que, en este caso, ha aceptado la sentencia. Aunque todavía es una incógnita lo que pasará con el reparto de radio en FM que está pendiente de resolver.

Diversos sectores (organizaciones sociales, académicos, etc...) reclaman la necesidad de organismos independientes que pongan fin a la arbitrariedad y opacidad con la que los gobiernos (central y autonómicos) adjudican las frecuencias. La experiencia de los consejos existentes (Cataluña, Navarra y Andalucía), formados por ex parlamentarios o personas afines a los diferentes partidos, muestra también claroscuros sobre este modelo de gestión. ¿Cómo garantizar entonces que exista independencia?





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